La cuenta atrás hacia el edificio sin barreras

La accesibilidad de los inmuebles españoles es el proceso más urgente al que deben hacer frente las comunidades de vecinos. Por la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas aprobada en 2013, los edificios están obligados a facilitar la accesibilidad a todas las personas a las zonas comunes antes del 4 de diciembre. Es decir, deben disponer de rampas, sillas mecánicas o ascensores antes de la fecha establecida. Una cuenta atrás de cinco meses. Si las viviendas no abordaran estos cambios, pueden ser objetos de sanción por parte de la administración. El precio del montaje de los ascensores suele ser elevado, lo que conlleva problemas a la hora de encontrar alguna vía de financiación. Con la ley pisando los talones, las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen partidas presupuestarias para ayudar con los gastos. El proceso de instalación del ascensor es uno de los mayores dolores de cabeza que pueden sufrir los propietarios de un inmueble. Los gastos que conlleva su montaje más los de mantenimiento y los problemas en la estructura del edificio hacen que muchas comunidades de vecinos alarguen la discusión sobre la conveniencia de esta obra, ya que no a todos les favorece su puesta en marcha. La ley cambio los métodos Aunque actualmente muchas comunidades vecinales lo desconocen, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas realizó algunos cambios en la Ley de Propiedad Horizontal. La modificación más reseñable es que ya no hace falta que se lleve a cabo el proceso de votación para la instalación del ascensor si la petición para su colocación la ha realizado un vecino que presente algún tipo de discapacidad física o si dicha persona es mayor de 70 años. Aparte de la petición, hay otro requisito para que el futuro montaje del ascensor no tenga que pasar por una votación entre los vecinos. Los gastos anuales de la obra no deben ser superiores a 12 mensualidades ordinarias. El coste que cada propietario debe asumir para la colocación del ascensor es otro foco de discusión entre los vecinos porque algunos entienden que al no hacer uso no deberían abonar lo mismo que otros residentes. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal establece que los propietarios no pagan por partes iguales, ni en proporción a la altura de la vivienda de cada uno ni por la cantidad de veces que hacen uso de las instalaciones, sino que el precio final se fija dependiendo de su cuota de participación en la comunidad. Este mismo criterio también se establece a la hora de hacer frente a los pagos de mantenimiento. Sin embargo, para ambos casos, la comunidad puede llegar a un acuerdo para realizar un método de pago diferente, que debe ser aprobado en junta y con el voto unánime de todos los propietarios. La instalación del ascensor, sobre todo en edificios antiguos, puede llevar diversas complicaciones por la falta de espacio que pudiera haber. Es posible que por este caso se llegue a expropiar los metros necesarios a un local de negocios o a una vivienda siempre y cuando la obra no suponga un daño irreparable. Si no repercutiera ningún daño, el propietario estaría obligado a ceder los metros necesarios y a cambio recibiría una indemnización por parte de la comunidad de vecinos. Si no fuera posible llevar a cabo la obra de esta forma, existe una última opción, bastante remota, que sería colocar el ascensor en la vía pública, por la fachada del inmueble. La Administración en este caso estaría obligada, tras verificarse mediante un informe de arquitectura la imposibilidad de actuar en el interior del edificio, a ceder espacio público para que se pudiera realizar la correcta instalación del ascensor. Muy pocos edificios con ascensor La adecuación de las viviendas españolas para la accesibilidad de todas las personas es una de las tareas pendientes en nuestro país. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último censo de población y viviendas realizado, solo el 6,3% de los inmuebles cuentan con ascensor. Además, el 22,1% de los inmuebles cuentan con las herramientas necesarias para permitir la accesibilidad. Los expertos ven complicaciones para que los edificios puedan cumplir los plazos establecidos por la ley para dar accesibilidad a las personas con.

Extracto de noticia publicada en la web de ABC por Jorge Aguilar

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