Obra de rehabilitación de fachada realizada por Grupo Geonor

Aspectos claves

32.309 propietarios necesitan reformas en los elementos comunes de sus edificios 2019 es el año en que la normativa de la UE sobre eficiencia energética se aplicará a edificios públicos. En 2021 a edificios privados.

¿Ser propietario de un piso acabará siendo un dolor de cabeza?

Los vascos que están dispuestos a reformar sus viviendas son muchos menos que los que estarán obligados a pasar la inspección de sus edificios de 50 años o más hasta 2020. En concreto, por las obras que deberán afrontar miles de propietarios en los próximos años al haber entrado en vigor las nuevas normativas vasca y estatal obligan a rehabilitar las viviendas al cumplir 5O años. Y a causa también de los requisitos sobre consumo de energía que la Unión Europea va a imponer a los edificios a partir de 2019, que también acarrearán obras. El número de propietarios de pisos que declaran necesitar alguna reforma en los elementos comunes de su edificio ha retrocedido de forma notable entre 2013 y 2015 (de 48294 a 32309), según una encuesta del Observatorio de la Vivienda del Gobierno Vasco. Este descenso coincide con la entrada en vigor del decreto vasco de inspección técnica de edificios (ITE), que obliga a revisar los inmuebles de medio siglo o más. Un trámite que suele destapar la necesidad de reformas y que de aquí a 2020 tendrán que pasar unos 90.000 edificios que abarcan 550.000 pisos. De momento, del análisis de 3.600 inspecciones ya realizadas se desprende que el 57% sacó a la luz deficiencias relevantes que era necesario resolver como máximo en un año. La experiencia también dice que las obras más importantes y onerosas se plantean en edificios cuyos propietarios usualmente tienen un menor poder adquisitivo según recuerda el Observatorio de la Vivienda. Aunque la perspectiva de acometer reformas ha caído globalmente, es cierto que se ha mantenido en un grupo concreto de propietarios. Se trata de ciudadanos que prevén obras de elementos comunes y privativos en un plazo máximo de dos años, que eran 33.958 en 2013 y 34.129 en 2015. Esa estabilización de la demanda a corto plazo quizá tiene que ver con el propio decreto de las ITE, en los que unos 60.000 edificios residenciales que han cumplido medio siglo o lo cumplirán en 2017, y que tienen un periodo transitorio hasta 2018 para realizar la inspección, todavía no la han hecho. En 2019 debe entrar en vigor la normativa europea de eficiencia energética, que ese año afectará a los edificios públicos, tanto oficiales como residenciales (es decir, las viviendas de protección oficial y las de alquiler social), lo que obliga a realizar reformas en los antiguos. Y en 2021, esa regulación pasará a los inmuebles privados. ¿Los requisitos impuestos en esta materia a las viviendas nuevas se trasladarán también a las viejas o serán menores? Varios países europeos han optado por lo primero. Hoy por hoy, los técnicos aconsejan que cuando hay que hacer una rehabilitación se incluya la eficiencia energética en el proyecto.

Extracto de noticia publicada en el periódico el CORREO por Javier Muñoz

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