El 85% de los edificios de más de 50 años está pendiente de superar la ITE
La aprobación inicial de la ordenanza de ayudas a la rehabilitación de viviendas calentó el debate en el Pleno y sacó a la luz algunos datos reveladores sobre la salud del parque inmobiliario donostiarra. En la ciudad hay 4.520 edificios de más de 50 años que, por ley, están obligados a someterse a una inspección técnica (ITE) para garantizar que cumplen las condiciones de seguridad. Sin embargo, a día de hoy en Urbanismo solo tienen constancia de 1.816 ITE, de las que apenas 548 están debidamente finalizadas, es decir, las comunidades de propietarios han acometido las obras necesarias que señalaban los informes como urgentes o muy urgentes. Esto significa que cerca del 85% de los edificios residenciales del municipio (3.972) sigue pendiente de someterse o superar el examen, porcentaje que EH Bildu esgrimió para criticar la labor del Ayuntamiento. EH Bildu censuró que la nueva ordenanza de subvenciones aprobada ayer reduzca de 20.000 a 10.000 euros la línea de ayudas para realizar las ITE y las mejoras exigidas por las mismas cuando hay una gran demanda por parte de la ciudadanía. El delegado de Urbanismo, Enrique Ramos, aseguró que no se puede hablar de recortes porque no se reduce la partida destinada a la rehabilitación, al tiempo que cuantificó en cerca de 3 millones la disponibilidad económica para 2018.
Instalación de ascensores
Con este dinero y la modificación normativa en curso, el Ayuntamiento priorizará las actuaciones de accesibilidad, como la instalación de ascensores en las comunidades que no disponen de ellos. Se calcula que más de 15.000 viviendas sufren este déficit de movilidad vertical, que afecta a una sexta parte de la población donostiarra. La subvención de elevadores mecánicos tendría un especial efecto positivo en la vida de las personas mayores y con problemas de movilidad. “No tener acceso a la calle supone no poder socializar y aísla a los vecinos de más edad”, argumentó Ramos, quien avanzó que con los cambios introducidos en el sistema de puntuación para optar a las ayudas, el porcentaje de la bolsa que se gastará en mejoras de accesibilidad pasará de un 15% a representar entre el 50% y el 60% del total. Otra novedad de calado es el establecimiento de un plazo cerrado para pedir las subvenciones. La ordenanza actual no contempla convocatorias concretas sino que las solicitudes llegan durante todo el año. “Con esta fórmula, se genera mucha frustración porque el dinero se termina pero se siguen admitiendo peticiones”, dijo el edil socialista. Hoy por hoy, en Urbanismo se acumulan demandas de ayuda por valor de 10 millones de euros, más del triple de lo disponible este año en los presupuestos municipales, que a su vez es más del doble de lo que se reservó en 2015, según informó Ramos.
Extracto de noticia publicada en la web de Diario Vasco
Volver a noticias